El Gobierno ha lanzado la mayor oferta de empleo público de la historia. Ha sacado a concurso un total de 30.455 plazas, de las que 9.509 serán de promoción interna de funcionarios. Una magnífica oportunidad ahora que la crisis derivada de la pandemia ha devastado algunos sectores profesionales y el desempleo ha crecido considerablemente.
Esta convocatoria de empleo público supone un 8’5% más que en el año anterior. Desde 2018 se han ofrecido casi 110.000 puestos públicos.
La distribución de las plazas ofertadas es la siguiente: 23.491 plazas para la Administración General del Estado (AGE), de los que 9.509 serán para promoción interna y 13.982, plazas de ingreso libre. A estas habrá que añadirle las 1.920 correspondientes a las Fuerzas Armadas y otras 5.034 que ya se han convocado para los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil.
Esta iniciativa sin precedentes, que llega en un momento convulso de transformación del mercado laboral, responde a que el Ejecutivo pretende aprovechar los fondos europeos para modernizar la administración pública. El plan de recuperación y resiliencia, que incluye las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas a cambio de los 140.000 millones en ayudas hasta 2025, contiene un capítulo sobre modernización de las Administraciones Públicas en el que explica que, además de la transformación tecnológica (para lo que se reservan 4.315 millones), se prepara un plan para mejorar la gestión, agilizar los procesos y reforzar el capital humano. En ese punto hace especial hincapié en la necesidad de “reducir la temporalidad en el empleo público y reforzar las capacidades actualizando las plantillas públicas”.
Estabilización y rejuvenecimiento
De este modo, el Gobierno apuesta por la estabilización del empleo público, que padece unas altas tasas de temporalidad (de las más altas de Europa), y de paso aliviar a las actuales plantillas públicas, que se encuentran exhaustas por la gestión de la pandemia, mermadas y envejecidas por los ajustes sufridos en la crisis financiera anterior. Y es que hay que tener en cuenta que el cuerpo de funcionarios está muy envejecido. En los próximos años se espera un fuerte aumento de las jubilaciones en el sector público, el 51% se retirará antes de 2029, por lo que el Gobierno tiene que acelerar para evitar que dentro de unos años falte personal.
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