El gobierno prohibirá los teléfonos 902 de pago para los servicios de atención al cliente

Antes del verano, los teléfonos 902 de pago pasarán a la historia. Ese es el compromiso del Gobierno, según ha anunciado el titular de Consumo Alberto Garzón, que de este modo responde a una reivindicación clásica de las asociaciones de consumidores por considerar que gravan un servicio que es un derecho de los clientes.

Estos teléfonos cobrán a los consumidores la atención al cliente.

El ministro aseguró que la prohibición del uso de estos teléfonos de pago por parte de las empresas responde a que, a través de ellos, éstas hacen negocio, cuando en realidad se trata de un servicio de atención que debe brindarse a un precio muy asequible o gratuitamente al cliente para completar cualquier relación comercial satisfactoria por ambas partes. En cambio, el cobro por minuto a través de los números 902 incrementa el importe de las facturas telefónicas de los clientes y desincentiva el derecho de reclamación de todo consumidor. Se trata por lo tanto, asegura Garzón, de “una medida de justicia social”.

Las asociaciones en defensa de los consumidores han cifrado en unos 99 millones de euros las ganancias de las empresas el pasado año a través del coste de las llamadas 902.

Desde el Gobierno se acometerá una reforma legal que prohibirá el uso de esos teléfonos de tarificación adicional, que si bien han supuesto una injusticia histórica, “se ha visto agravado en el contexto del COVID por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad». De ahí que se haya acelerado el proceso.

La reforma que acometerá Consumo se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2017 declaró ilegal que el coste de una llamada a un servicio postventa supere el de una llamada estándar.

La tardanza en la regulación de esta práctica abusiva, ha provocado que incluso existan sitios de internet donde poder informante del teléfono gratuito equivalente al 902 de pago, para poder realizar la llamada a un coste ordinario.

La idea última de esta reforma legal es conseguir que “una atención eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible en los Servicios de Atención al Cliente, Quejas, Reclamaciones e Incidencias, no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico».

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