El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la nueva ley de la vivienda, que ha causado mucho revuelo al ser impulsada por Unidas Podemos al margen del PSOE, y porque contiene algunos aspectos conflictivos como la regulación de los precios de los alquileres, la penalización de las casas vacías de los grandes tenedores y la prohibición de los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional.
La Ley de garantía del Derecho a la Vivienda, pues así se denominará esta nueva ley, tiene varios ámbitos de actuación y algunos de ellos dependerán de las competencias en materia de vivienda o de impuestos que tengan las autonomías y los ayuntamientos, por lo cual la normativa deberá pasar por un largo proceso de negociación y consenso antes de ser aprobada.
Este será el caso, por ejemplo, de las sanciones que propone el nuevo texto legislativo a los grandes tenedores (con más de 10 viviendas en alquiler) que tengan pisos vacíos. La propuesta es que los ayuntamientos puedan aumentar la tasa del IBI en estos casos con recargos de hasta el 150%. Lógicamente ese es uno de los puntos en los que las partes institucionales deben alcanzar un consenso antes de la aplicación.
Además la ley afectará también a los grandes propietarios con un régimen de limitación de los precios de los alquileres. Éstos deberán adaptar el precio al índice de referencia de la zona donde se encuentre la vivienda cuando éstas estén en las denominadas «zonas tensionadas».
Zona tensionada
Pero ¿qué se considerará una zona tensionada? Pues aquellas áreas en que el precio medio del alquiler sea más del 30% de los ingresos medios de los habitantes del barrio en cuestión. Y la declaración de un barrio o municipio como zona tensionada dependerá del Estado y de cada Comunidad Autónoma, incluyendo en la revisión al Ayuntamiento del municipio donde se estén estudiando estas zonas. Si una zona se declara tensionada, la declaración tendrá una duración mínima de tres años.
En euros y a modo de ejemplo, si los ingresos medios de los habitantes de una zona son de 25.000€ al año, los alquileres no deberían superar los 5.000€ anuales, que significarían unos 415€ al mes.
En cuanto a los pequeños propietarios que alquilan sus pisos, podrán optar a grandes descuentos e incentivos fiscales con el fin de incentivar la bajada del precio de alquiler en sus viviendas.
Bono joven
El bono joven es otro de los puntos incluidos en la nueva ley, constatando que la juventud supone una de las prioridades del Gobierno, que hace pocas semanas anunció la creación del Bono joven cultural en los Presupuestos Generales del Estado.
El bono joven de vivienda, compatible con otras ayudas, consistirá en una ayuda de 250 euros mensuales durante los próximos dos años. Este bono va a beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Además, en los casos de las familias más vulnerables este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor.
La partida presupuestaria para cubrir este bono será de unos 200 millones, según fuentes del Gobierno, y se beneficiarán entre 40.000 y 50.000 jóvenes.
Desahucios
En materia de desahucios, la ley pretende prohibirlos siempre que los afectados no tengan alternativa habitacional y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, se les garantizarán los suministros básicos con una tarifa social de agua, gas y electricidad.
En este apartado, los sindicatos han sido especialmente insistentes en señalar la urgencia de la medida, ya que su aplicación antes de la llegada del invierno impediría los cortes de suministro por impago, ya que tener luz, agua y gas no es un lujo, sino un bien básico.
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