El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para dotar de más recursos, derechos y estabilidad al personal de la I+D+I. Es decir, fomentar los contratos indefinidos para los investigadores y garantizar por primera vez una financiación pública estable y creciente con el objetivo de que en 2030 alcance el 1,25% del PIB.
Y es que entre la medidas que recoge la nueva ley está blindar un aumento continuado de la inversión pública en investigación hasta que España alcance en poco más de ocho años los objetivos recomendados por la Unión Europea y garantizar así una financiación pública en I+D+i creciente y estable que no esté sometida a vaivenes políticos. El porcentaje de inversión marcado por la Comisión Europea como meta para 2030 en el Pacto por la Ciencia y la Innovación establece que los Estados Miembros inviertan en total, entre público y privado, el 3% del Producto Interior Bruto.
Estas mejoras ayudarán también a mejorar las condiciones profesionales en el campo de la ciencia y la investigación, con lo que se pretende atraer, retener y recuperar el talento que ha emigrado en busca de mejores recursos y posibilidades. Para ello, los quinquenios evaluarán y se reconocerán todos los méritos de investigación, tanto en España como en el extranjero, en el sector público y en cualquier universidad.
En cuanto a los contratos indefinidos, que es uno de los grandes atractivos para la captación de científicos, ya que proporcionarán la tan ansiada estabilidad en el sector de la investigación, se trata de una nueva modalidad contractual vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas. Este nuevo contrato indefinido, que está alineado con la reforma laboral y recoge las singularidades del sistema, no está sujeto a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.
La Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, aseguró que con esta reforma de la ley se pretende que “España sea un país para la ciencia, con condiciones y salarios atractivos, donde quienes se fueron puedan regresar y las mentes más brillantes se puedan incorporar”.
Otra novedad importante de la reforma de la ley es la dotación de nuevos derechos laborales a los investigadores e investigadoras nacionales, tales como una indemnización por finalización de los contratos predoctorales y postdoctorales.
Otro objetivo del nuevo proyecto es la reducción de la carga administrativa. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios. Además, las Administraciones Públicas podrán conceder directamente subvenciones a proyectos ya evaluados positivamente por otros agentes públicos del sistema.
Igualdad de género
La norma recién aprobada también busca resolver las principales desigualdades de género que persisten en el ámbito de la I+D+I. Para ello, dará por primera vez seguridad jurídica a la igualdad de género en el Sistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, asegurando un abordaje dual, donde la perspectiva de género sea eje transversal de los instrumentos de planificación de los agentes públicos en materia científica, a la vez que se implementan acciones específicas. Así, los agentes públicos deberán disponer y evaluar anualmente un plan de igualdad de género y contar también con protocolos frente al acoso sexual y por razón de género u orientación sexual.
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