El menos popular de todos los impuestos en España, si es que hay alguno que lo sea mínimamente, es sin duda el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), que no ha dejado de crear controversia desde que empezó a aplicarse en nuestro país hace ahora treinta años, y se convirtió en la base del sistema español de imposición indirecta con recaudaciones superiores a los 50.000 millones de euros para las arcas estatales. Y si es un impuesto tan impopular es, entre otras cosas, porque se aplica directamente sobre el consumo y afecta tanto al consumidor, que es quien soporta el pago, como al empresario o profesional que lo cobra, y que está obligado a efectuar el ingreso trimestral de las cuotas del impuesto, actuando así como recaudador del Estado.
Esta obligación ha incomodado a las empresas a nivel burocrático y de gestión, ya que el IVA tiene un carácter neutral que no implica gasto ni ingreso alguno para ellas, pero sí exige un control y una liquidación que en la práctica conlleva dedicación y esfuerzos de carácter administrativo. Además, y esto debe atribuirse únicamente a la mala gestión, pero no deja de resultar conflictivo, son muchos los empresarios o profesionales – la mayoría en realidad- que utilizan el metálico cobrado en concepto de IVA para sus transacciones comerciales habituales, en vez de reservarlos hasta el momento de la liquidación, pues en realidad es un dinero que no les pertenece. Solo hacen de intermediarios recaudadores. Esta circunstancia hace que, muy a menudo, quien debe formalizar el pago al Estado no disponga del dinero y pueda ser penalizado por ello.
Por otro lado, y para facilitar la liquidación, la Hacienda pública permite fraccionar el pago hasta en seis veces.
El IVA es además un impuesto que se ha mostrado muy variable y sus tipos han ido cambiando de forma continuada desde que se implantó en España. En la actualidad, desde la última modificación en septiembre de 2012, los tipos son el general (21%), el reducido (10%) y el superreducido (4%), que se aplican en los diferentes sectores de consumo según los criterios socioeconómicos del gobierno, provocando a veces grandes revuelos como el generado por la decisión de incrementar el IVA cultural del 8% al 21% (el más alto de Europa a excepción de Dinamarca y Hungría), que ha protagonizado constantes protestas del sector desde el mismo día en que entró en vigor.
El anterior escenario, que databa de julio de 2010, tenía unos tipos de gravamen del 18%, 8% y 4%. No obstante, desde el año 86, los tipos han ido cambiando continuamente.
Una de las prácticas ilegales más habituales en materia económica es el pago de servicios o la compra de artículos sin aplicar el incremento del IVA, y por tanto sin factura. Es lo que se conoce como dinero negro o economía sumergida. Un fraude, ya que ni se paga el impuesto ni se declara el ingreso.
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