El copago farmacéutico es la cantidad que tiene que pagar el afiliado a la Seguridad Social para adquirir medicamentos. Su finalidad es reducir el gasto sanitario, recaudar dinero y evitar visitas innecesarias al médico.
En este momento de crisis que atraviesa el país, el Gobierno ha emprendido una serie de reformas que afectan a toda la sociedad, entre ellas la implantación del copago farmacéutico. Estos ajustes (incluidos en el Real Decreto-ley “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”) han levantado críticas en un sector de la sociedad, acostumbrada a recibir una sanidad gratuita. Otro sector, sin embargo, resalta la finalidad de esta ley, que pretende conseguir un ahorro sanitario de 7.400 millones de euros.
¿Cómo nos afecta?
Esta nueva medida afecta por primera vez a los pensionistas, que tienen que pagar un 10 por ciento del precio de los medicamentos, hasta un máximo mensual entre 8 y 18 euros, según su pensión o renta.
Los trabajadores en activo pasan de pagar el 40 por ciento del precio de los medicamentos a abonar hasta el 50 y 60 por ciento, en función de su renta, con un tope de 60 euros mensuales. Sólo los trabajadores que no superen los 18.000 euros anuales no tienen obligación de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por su parte, las familias numerosas continúan pagando el 40 por ciento del precio de los medicamentos.
¿Quiénes están exentos de pagar por los medicamentos?
Los parados que perciben una renta mínima o no reciben ninguna prestación de desempleo, los afectados por síndrome tóxico, las personas con rentas no contributivas, los que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo y las personas con discapacidad no pagarán por los fármacos.
Copago por Comunidades Autónomas
Las medidas aprobadas para la modificación de la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) entraron en vigor el pasado 1 de julio, aunque no se han implantado por igual en todas las Comunidades Autónomas. Así por ejemplo, el Gobierno Vasco aprobó un decreto que evita que se aplique este copago en Euskadi. Los ciudadanos vascos contribuyen con un 40 por ciento del coste de las medicinas (al igual que antes) y los pensionistas no tienen que abonar el 10 por ciento del precio.
Por su parte, Cataluña ha aplicado en su territorio, además, el pago de 1 euro por receta. Esto afecta a los residentes y también a los que estén de paso. La única excepción son los medicamentos con un precio inferior a 1,67 euros.
En Andalucía se aplica el copago con algún cambio en la forma de desembolso: los pensionistas no tienen que adelantar el dinero de sus recetas por encima del límite establecido, sino que el propio sistema informático detecta cuándo se ha llegado al tope de aportación y deja de cobrarles.
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