Cigarrillos electrónicos, ¿peor el remedio que la enfermedad?

Las partes no parecen ponerse de acuerdo. Nunca lo hacen. Pero en este caso está en juego la salud de mucha gente y por ello el debate es tan intenso como encontrado. Las ligas antitabaquismo y las tabacaleras mantienen posturas evidentemente enfrentadas, pero la irrupción de los cigarrillos electrónicos ha abierto otro frente inesperado, ya que la desregularización legal del innovador producto, las tácticas promocionales que difunden su “presunta” inocuidad y su potencial terapéutico en el combate de las adicciones son en principio muy atractivos como alternativa al tabaco, pero en cambio han puesto en guardia a las autoridades y los profesionales sanitarios, ya que no está tan claro que dichas características sean reales al cien por cien. Y así, una vez más, la controversia está servida y el sector en pie de guerra… político-comercial.

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Pero ¿qué és un cigarrillo electrónico? ¿En qué consiste? Pues según la definición del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que ha publicado un amplio y detallado informe al respecto, “el cigarrillo electrónico (e-cig) es un dispositivo en forma de cigarrillo convencional (también los hay con forma de puro o pipa) que libera determinadas dosis de nicotina sin mediar combustión sino a través de un proceso de calentamiento electrónico que genera vapor de nicotina. El aparato consta de una batería recargable, un atomizador y un depósito o cartucho con el líquido a vaporizar”.
Y ya desde este organismo se advierten de algunos de los peligros del nuevo sistema conocido como “vapeo”, ya que “es un fenómeno emergente, debido a una expansiva estrategia comercial que aprovecha la novedad del dispositivo y la desregulación del sector, y que puede ser utilizado para inhalar vapores inocuos, pero también nicotina o cualquier otra droga. De hecho, señalan, la vaporización de cánnabis es un mecanismo de administración que viene siendo utilizado con profusión en los últimos años”.
Pero centrándonos, no en el mecanismo de funcionamiento, sino en el cigarrillo electrónico como sustitutivo del tabaco, también son muchas las dudas que se plantean, y que han llevado a la comunidad sanitaria a manifestar sus prevenciones al respecto e incluso a promover la no recomendación de este producto como artículo de apoyo a los hábitos saludables. De hecho, la OMS (Organización Mundial de la Salud) es muy clara al respecto y ha señalado que se debería desaconsejar firmemente el uso de estos productos.
Los motivos de esta decisión son muchos y variados, y han provocado un amplio y tenso debate. Pero en cualquier caso hay uno irrefutable por su carácter científico y que, precisamente, hace referencia a la falta de garantías científicas. Y es que, tal y como destacan en las conclusiones de su informe tres de los principales especialistas españoles en materia de tabaquismo (Javier Ayesta, Mª Jesús García-Blanco y Francisco Rodríguez-Lozano: Director del Master en Tabaquismo, Universidad de Cantabria; Presidenta de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET); y Presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), respectivamente), “la evidencia científica sobre la seguridad de los cigarrillos electrónicos es muy limitada, y se tardarán décadas en determinar la toxicidad real de estos preparados. En cualquier caso, reconocen, es casi seguro que son mucho menos tóxicos que los cigarrillos convencionales, aunque no inocuos”.
Y es que la aparición en el mercado de estos cigarrillos ha generado expectativas sobre una posible utilidad como estrategia de reducción de daños, ya que no resultan tan nocivos como el tabaco convencional; pero a la par hay serios temores de que su difusión sea utilizada como estrategia iniciadora en el consumo de derivados nicotínicos en la población juvenil o de estancamiento en el proceso de cesación de la población ya fumadora. Es decir, hay un peligro evidente de que los jóvenes empiecen a fumar estos cigarrillos porque “no son tóxicos” y acaben llegando al tacaco, con lo cual se habrá invertido el proceso disuasorio del hábito de fumar; y también de que se estanque el proceso de cesación de la población ya fumadora, que prolongaría su hábito en vez de erradicarlo. Un hecho que agravaría la confirmación de un cierto grado de toxicidad en los e-cig, que las campañas publicitarias se afanan en ocultar y las ligas antitabaco en constatar.
Por todo ello, el principal objetivo del frente opositor de este tipo de productos, entre los que se suman cada vez más profesionales sanitarios, es la regulación legal del mercado de los cigarrillos electrónicos, especialmente de sus contenidos y de sus técnicas promocionales (incluyendo los diseños). Una regulación que debería ser, según los expertos, muy similar a la que se considera conveniente realizar con otros productos de tabaco que contienen nicotina, y no tan laxa como la presentada por el Gobierno, que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados por la Comisión de Sanidad y que ahora debe ser ratificada por el Senado. Y es que pese a no haberse demostrado la inocuidad del vapor que emiten estos dispositivos, su uso se ha prohibido solamente en centros docentes y sanitarios, edificios de la Administración, transporte público y parques infantiles. Una decisión discutida por el Consejo General de Colegios Médicos de España, que representa a los 52 Colegios Oficiales de Médicos de España, y que exige un tratamiento de estos productos como el que recogió la regulación de 2010 referente al tabaco, y que tanto ayudó a la “desnormalización” del consumo de tabaco en lugares públicos. Una tendencia que ahora puede revertirse si se permite fumar cigarrillos electrónicos, por ejemplo, en la hostelería, pues contribuiría a recuperar la “normalización” del hábito en lugares comunes. Sobre todo entre la población más joven, que lo vería nuevamente como algo natural y legal, fumar en los bares.
Los profesionales sanitarios consideran igualmente insuficiente que, tal y como recoge la regulación aprobada, la publicidad en medios audiovisuales se prohíba solamente en el llamado “horario infantil” (de 16 a 20 horas), en lugares frecuentados “principalmente por menores de 18 años” y en los cines cuando se proyecten películas “destinadas primordialmente a menores de 18 años”. En opinión de los representantes médicos, “la publicidad de estos nuevos dispositivos que contienen nicotina inhalada -sustancia tremendamente adictiva y potencialmente tóxica- debería restringirse al máximo siendo muy similar la regulación a la del tabaco”.

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