El Gobierno prepara una ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Una cuestión, la de los desperdicios alimentarios, que consideran del todo prioritaria en términos de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico. Solo en España se tiran unos 1.350 millones de kilos de desperdicios alimentarios al año.
Una auténtica barbaridad, que supone unos 65,5 kilos o litros por adulto al año, que quiere repararse de manera urgente creando un marco legal que regule este problema enfocándolo en la prevención y la concienciación. Aun así, cabe señalar que el desperdicio alimentario se ha reducido respecto a los datos anteriores a la pandemia, y este proyecto de ley pretende seguir avanzando en esa dirección y que se reduzca aún más.
La ley implicará a todos los actores de la cadena alimentaria, ya que el problema del desperdicio alimentario afecta al conjunto de la sociedad. Así, todas las empresas relacionadas de un modo u otro con el sector de la alimentación deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizar ese desperdicio alimentario.
Jerarquía de prioridades
Una vez localizados los focos de desperdicio alimentario, deberá tenerse en cuanta uno de los aspectos esenciales de la nueva iniciativa legal, que no es otro que obedecer a una jerarquía de prioridades. Y la prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o la redistribución de los alimentos sobrantes, siempre que sean aptos para el consumo y antes de convertirse en desperdicios alimentarios. Cuando no sea posible destinar los excedentes al consumo de las personas, se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o compost.
Buenas prácticas contra los desperdicios alimentarios
En esta línea, la ley incluirá la obligación del sector productor y de las empresas distribuidoras de donar los excedentes de alimentos que estén en condiciones de consumo. De hecho, los comercios de alimentación de más de 1.300 metros cuadrados tendrán que contar con acuerdos con bancos de alimentos u organizaciones no gubernamentales para donar los alimentos que todavía puedan ser aprovechados, y de este modo evitar que se conviertan en desperdicios alimentarios.
La normativa también obligará a los establecimientos del sector de la restauración a ofrecer al cliente la posibilidad de llevarse en envases la comida o la bebida que no haya consumido.
Y además, el proyecto de esta ley establece una serie de medidas de buenas prácticas, tales como el incentivo del consumo de productos considerados poco estéticos (las llamadas frutas feas, por ejemplo), los alimentos de temporada y los ecológicos.
En España los alimentos que más tiramos a la basura son tubérculos, frutas y hortalizas, seguidos por los pescados, los cereales y la carne. Algo inaceptable si tenemos en cuenta que en el planeta hay casi ochocientos millones de personas que sufren hambre o malnutrición. Unas cifras que hacen del desperdicio alimentario un problema de ética humanitaria.
Esta iniciativa para reducir el desperdicio alimentario ha sido impulsada desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el cual consideran que es un imperativo ético de toda la sociedad reducir drásticamente el volumen de desperdicio alimentario, ya que este fenómeno tan generalizado actualmente afecta y perjudica especialmente a los más necesitados, al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad. Además de provocar otros efectos negativos como malgastar los recursos naturales escasos, aumentar los residuos o incrementar el impacto ambiental. Por todo ello, se ha creado el lema de la campaña: “Aquí no se tira nada”. Un eslogan que sin duda resume las intenciones de la nueva iniciativa legislativa del Gobierno.
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