Los países, formados por sus distintas administraciones públicas, funcionan del mismo modo en que lo haría una empresa, y en función de la gestión de los ingresos y los gastos sus cuentas pueden incurrir en un déficit o en un superávit en cada ejercicio económico; del mismo modo que pueden contraer deuda pública para contrarrestar los números negativos. En este artículo queremos explicarte en qué consisten estos conceptos macroeconómicos que a menudo forman parte del vocabulario financiero de la actualidad, aunque no acabemos de saber lo que significan.
Si un Estado ingresa menos dinero del que gasta para acometer los servicios públicos se crea un déficit que lastra el erario público. Es simplemente la diferencia negativa entre los ingresos y gastos del total de las administraciones públicas durante un ejercicio económico.
Las cifras de déficit de las administraciones públicas españolas se desglosan en cuatro sectores institucionales: administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y administración de la seguridad social.
El déficit público se expresa habitualmente como un porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) para facilitar las comparaciones internacionales y a lo largo del tiempo.
El sector público cuenta con tres vías esenciales para financiar sus actividades: los impuestos, la creación de dinero mediante un proceso de expansión monetaria, y la emisión de deuda pública.
Deuda pública
La deuda pública, que también puede denominarse deuda soberana, es la deuda total que mantiene un Estado tanto con inversores particulares o con otros países.
Cuando un Estado incurre en déficit público porque ha gastado más de lo que ha ingresado, necesita encontrar una fuente de financiación ajena, y lo más común es que financie ese déficit mediante emisiones de títulos de deuda. Esos títulos pueden ser letras del tesoro, bonos u obligaciones del Estado.
La deuda pública total de un país es la que genera todo el conjunto de las Administraciones públicas. En España se corresponde con la suma de la deuda del Estado central, de las 17 Comunidades Autónomas y de las Administraciones locales (ayuntamientos).
No obstante, conviene aclarar que en España los ayuntamientos, aunque pueden legalmente, no emiten deuda pública sino que acuden a las entidades financieras a la hora de obtener financiación de modo similar al que lo haría una empresa.
En cualquier caso, la deuda adquirida por las administraciones, como la de cualquier empresa o persona física, genera un compromiso de devolución y un tipo de interés que grava dicha operación.
En los casos de deuda pública, el tipo de interés de las emisiones dependerá de la confianza que tengan los mercados en la capacidad del Estado en cuestión para devolver el dinero. Es en base a dicha confianza que se establece la denominada prima de riesgo.
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