Los autónomos sin actividad o muy reducida no pagarán la cuota y podrán recibir una prestación

Los trabadores por cuenta propia, los llamados autónomos, es otro de los colectivos laborales gravemente perjudicados por la crisis del coronavirus. En este sentido, el Gobierno ha presentado medidas para paliar los efectos negativos provocados por la actual situación, y así, aquellos que se hallan quedado sin actividad o ésta se haya reducido al mínimo, no deberán pagar la cuota mensual de actividad y podrán acogerse a la prestación por cese de actividad, aunque ésta se mantenga en parte.

Es decir, los autónomos podrán solicitar la ayuda conocida como “el paro de los autónomos” aunque no hayan perdido del todo su actividad, sino que la hayan reducido ostensiblemente y no les permita cumplir con sus obligaciones fiscales ni cubrir su salario o el de sus empleados. Y durante ese tiempo, lógicamente, tampoco deberán abonar su cuota mensual.

Del mismo modo que con los trabajadores afectados por los ERTEs, que podrán acogerse al paro, a los autónomos que se acojan a dicha ayuda no se les restará el tiempo como prestación consumida. Es decir, que si en un futuro tuvieran que acudir a la prestación por cese de actividad tendrán la duración de la prestación intacta. Es más, el tiempo en que cobren esta ayuda durante la crisis sanitaria se entenderá como “tiempo cotizado”.

En este sentido, hay que reseñar una medida excepcional presentada por el Govern de la Generalitat de Cataluña para los autónomos de la Comunidad Autónoma. Los autónomos afectados por la crisis que se hayan quedado sin actividad profesional recibirán una subvención de 2.000€. Un plan de choque que tendrá una dotación de 7’5 millones de euros.

Empresas

En cuanto a las empresas, el Gobiernos también presentó importantes medidas de apoyo. El decreto ley señala que los empresarios con menos de 50 trabajadores con un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) están exonerados de abonar el pago de las cuotas a la Seguridad Social de su plantilla. Siempre y cuando, claro está, dicho expediente haya sido provocado  por fuerza mayor vinculada al Covid-19. Por su parte, las compañías con 50 o más empleados deberán pagar el 25% de las cotizaciones.

La intención del Gobierno con este tipo de medidas es evitar que las empresas despidan trabajadores, y que todos puedan incorporarse a sus empleos cuando cese el estado de alarma y se normalice la situación socio-económica. Esta sería la manera, según el Gobierno, de iniciar una pronta recuperación económica en cuanto se supere la crisis del Covid-19.