Contra todo pronóstico, este verano nos ha dejado un protagonista nada fresquito. Hablamos de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, más conocidas por su acrónimo: SICAVS. Un término financiero que ha brillado por encima de los demás desde que el Partido Popular y Ciudadanos incluyeron su modificación entre los 150 puntos de su pacto de investidura.
Su modificación estaba en todos los programas de los partidos que concurrieron a las elecciones en 2015. Pero ha sido este verano cuando se ha cedido por primera vez a una de las reivindicaciones tradicionales de los políticos de izquierdas y se ha aceptado modificar sustancialmente estos productos financieros.
El acuerdo implica cambios en los requisitos de acceso a las SICAVS, además de devolver la supervisión de las mismas a la Agencia Tributaria, labor que ahora realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La mera firma del pacto entre PP y Ciudadanos ha servido para poner a la industria financiera en armas y ha provocado todo tipo de reacciones entre los propietarios de estos productos financieros: desde cambios societarios hasta, incluso, su liquidación.
Para entender todo esto, tal vez conviene empezar por el principio. Las SICAVS han estado rodeadas de polémica desde su creación en 1983 por el gobierno de Felipe González. Siempre se les ha criticado por ser un instrumento para que las grandes fortunas ahorren impuestos. Y los gobiernos, de todos los colores políticos, las han defendido como una medida para evitar la fuga de capitales a otros países con condiciones fiscales más laxas.
Sobre el papel, esta polémica no se sostiene. Teóricamente las SICAVS son muy parecidas a otros productos financieros como los fondos de inversión, exentos de esta mala fama. De nuevo, si hablamos en teoría pocas cosas los diferencian. Ambos son instrumentos financieros de inversión colectiva. Es decir, necesitan que se reúnan un grupo de inversores con la intención de gestionar de forma conjunta sus ahorros, en ambos casos el número mínimo es 100. En el caso de las SICAV, se llaman accionistas, en el caso de los fondos son partícipes.
La ley exige un capital mínimo para constituir una SICAV de 2,4 millones de euros, frente a los 3 millones que se requiere a un fondo de inversión.
Ambos productos financieros tienen una fiscalidad muy relajada. Solo se paga el 1% de los beneficios obtenidos y se difiere el pago de las plusvalías al momento en que el accionista o partícipe recupere los beneficios obtenidos. Es entonces cuando debe pagar en su impuesto sobre la renta un máximo del 23% por esas cantidades.
¿Por qué entonces unas tienen mala fama y otros no? La principal diferencia entre SICAVS y fondos es que a las primeras se les permite la gestión directa de las inversiones, mientras que los fondos deben ceder su gestión a una comisión de gestores independiente de sus partícipes.
Eso es lo que hace posible que su puesta en práctica sea totalmente diferente. Tal y como han denunciado en muchas ocasiones los Inspectores de Hacienda, el gran problema de las SICAV no es el producto financiero en sí, sino cómo se gestionan.
En la práctica, la mayoría de las SICAVS se han desvinculado de su origen de producto de inversión colectiva. Aquellas fortunas con más de 2,4 millones de euros para constituirlas han suplido el requisito de los 100 inversores con lo que en el sector financiero se llaman: mariachis, hombres de paja o inversores fantasma. Es decir, personas con nombres y apellidos reales que figuran como accionistas que suelen tener unas pocas acciones con valor no muy superior a un euro. Mariachis pueden ser desde familiares, hasta mendigos, pasando por gestores financieros. En cualquier caso, el poder está en el accionista mayoritario, dueño del dinero, con capacidad de decisión para elegir sus inversiones y que se beneficia de esa baja imposición fiscal.
Además, durante años el sistema para recuperar los beneficios también se ha servido de una argucia legal. En lugar de cobrar dividendos o vender acciones para recuperar el beneficio, acciones por las que tendrían que pagar impuestos en el IRPF de hasta el 23%, según la actual ley, los accionistas han optado por reducir el capital invertido en la sociedad. Una operación financiera gravada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuyo tipo impositivo es del 1%.
Esta utilización de la SICAV lleva años acarreándoles críticas, pero no ha sido hasta este verano cuando las fortunas propietarias de este producto financiero han visto peligrar su estrategia. El documento firmado por el PP y Ciudadanos recoge que en el caso de que se aplique, los accionistas deberán tener un mínimo del 0,55% de patrimonio. Con estas cifras, la tradicional estrategia de captar 99 mariachis para completar el capital saldría considerablemente más cara. Incluso comprar una acción en alguna de las 3.000 SICAV que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Según los cálculos de la prensa económica, comprar una acción de una SICAV puede pasar de costar los 10 euros actuales de media a unos 54.000.
Por otro lado está el cambio de organismo supervisor. En la actualidad es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el que supervisa a las SICAV. Su tarea es cotejar que cumplen los requisitos legales mencionados, mientras que si la supervisión vuelve, como ocurría hasta 2005, a la Agencia Tributaria, los inspectores tienen facultades para cotejar si esos 100 accionistas son reales o mariachis y si se cumplen o no los compromisos tributarios adecuados.
El miedo a que el próximo Gobierno endurezca la legislación de las SICAV ha llevado a que durante los últimos meses muchas de estas sociedades se hayan modificado o liquidado, tal y como se ha publicado en la prensa especializada. Esto ha supuesto un descenso del capital invertido en SICAV del 7,5% y la disolución de varias treintenas que, o bien ha desaparecido o se han transformado en fondos de inversión en las últimas semanas.
Llegados a este punto nos topamos de nuevo con el debate más tradicional cuando se habla de SICAVS ¿Se llevarán los millonarios el dinero al extranjero si se les endurecen las condiciones fiscales? Parece que cada vez estamos más cerca de resolver esta cuestión.
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