La Unión Europea ha aprobado una nueva ley conocida popularmente como del “derecho a reparar” para reducir los deshechos eléctricos y acabar con la era de la obsolescencia programada. Es decir, una normativa cuyo objetivo es aumentar la vida útil de los dispositivos electrónicos y logar así un menor impacto medioambiental.
La obsolescencia programada es un modelo de producción, cuyo uso se remonta a la década de los cincuenta, consistente en limitar la vida útil de los artículos tecnológicos con el fin de incrementar el lucro económico de las empresas. Así, llegado un momento perfectamente programado, empiezan a fallar los mecanismos de los aparatos, y los servicios técnicos ya no los arreglan, con lo que el usuario se ve obligado a cambiarlo por otro nuevo.
Ahora, la nueva ley, que ha entrado en vigor este mes de marzo, obliga a los fabricantes a garantizar que sus electrodomésticos puedan repararse durante al menos un periodo de diez años. Así, las empresas productoras de neveras, lavadoras o televisores, por poner algunos ejemplos, estarán obligados a tener piezas y componentes electrónicos de los modelos vigentes, y a ofrecer a los consumidores los manuales y herramientas necesarias para que los reparen ellos mismos en caso de desearlo.
Reparaciones imposibles
Algo que puede parecer lógico, pero que hasta ahora evitaban, pues aseguraban que solo el servicio técnico disponía de los medios para llevar a cabo la reparación y, llegado el momento, el propio servicio la desaconsejaba por tratarse de un producto obsoleto o descatalogado. Un círculo vicioso que acababa con la sustitución del aparato, con lo que se generaban más residuos electrónicos y el gasto de la compra de un nuevo aparato por parte del consumidor.
Según un estudio de las Naciones Unidas, en 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo, nueve toneladas más que en 2014. Cada año, los europeos producen más de 16 kilogramos de este tipo de desechos por persona. Casi la mitad de estos desperdicios son electrodomésticos estropeados, y la UE solo es capaz de reciclar el 40%. El resto es basura de material potencialmente peligroso.
Así, la nueva ley, que se suma a otras iniciativas de la UE como los incentivos fiscales contra la obsolescencia programada, supondrá un beneficio para la sostenibilidad del planeta y para los usuarios europeos, que disfrutarán de la larga duración de sus productos electrónicos con el consiguiente ahorro.
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