El Gobierno prepara una ley que regulará el teletrabajo, tan en auge actualmente a causa del confinamiento provocado por la pandemia. Ésta exigirá que el trabajo desde casa suponga un 30% de la jornada laboral del trabajador para que pueda considerarse legalmente teletrabajo y ser regulado como tal.
Hasta la fecha, el porcentaje establecido para definir el teletrabajo era del 20% de la jornada laboral. Es decir, un de los cinco días laborales de la semana. A partir de la entrada en vigor de la ley el porcentaje significará un día y medio del total. Un incremento que responde a las exigencias de la CEOE para respaldar el texto legal.
Los mencionados porcentajes, además, deberán mantenerse al menos en una período de referencia de tres meses.
Una decisión que, en cambio, ha contrariado a los sindicatos, los cuales exigen que ese incremento porcentual “debería considerarse solamente en casos excepcionales y durante un periodo de tiempo limitado y siempre que existiera acuerdo con la representación de los trabajadores». Es decir, con ellos.
Voluntariedad
La conversión del trabajo presencial en teletrabajo, fuera cual fuere el porcentaje de la jornada laboral que el cambio supusiera, deberá realizarse siempre de mutuo acuerdo entre las partes. O sea, trabajador y empresa. Y en este sentido, la ley especificará que la negativa por parte del trabajador, e incluso su incapacidad para asumir el cambio telemático, «no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.
Inicialmente, no está previsto en el anteproyecto de Ley del Teletrabajo que afecte al personal laboral de las Administraciones públicas, ya que estos trabajadores se rigen por una normativa específica. Los sindicatos instan al Gobierno a rectificar este aspecto de la ley, pero las negociaciones no parecen haber dado fruto de momento.
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