El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Devenga anualmente a 31 de diciembre de cada año, y afecta al conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular el sujeto, una vez se le reste el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como las deudas u obligaciones personales de las que deba responder.
Este impuesto, que nació a tenor de una ley de 1977, está actualmente regulado por la Ley 19/1991. No obstante, su evolución histórica es singular. En 2008, en virtud de la Ley 4/2008, fue prácticamente derogada la anterior, aunque no se eliminó el impuesto en sí. Simplemente se aprobó una bonificación del 100% en cuanto al pago de tributos patrimoniales. Pero con motivo de la crisis, el Gobierno suspendió la bonificación y recuperó el impuesto, que inicialmente obligaba a la gente a declarar sus bienes patrimoniales en renta y hacerlos tributar de nuevo. Inicialmente se restableció con carácter temporal, solo para los años 2011 y 2012, pero ha ido extendiéndose hasta el actual 2016.
El impuesto de patrimonio está cedido en España a las diferentes comunidades autónomas, y cada una de ellas tiene potestad sobre su gestión y pueden regular su mínimo exento, su tarifa y sus deducciones.
¿Cómo se calcula el impuesto sobre el patrimonio?
Pero más allá de dicha regulación porcentual del impuesto en cada comunidad, éste se calculará sumando el valor de todos los bienes que integran el patrimonio y deduciendo las deudas contraídas por el titular. Además, la ley establece que los primeros 700.000 euros están exentos de tributar.
Por otra parte, tampoco se computa en este tributo el valor de la vivienda habitual ni los valores de los bienes que sean patrimonio nacional. Tampoco los bienes de interés cultural.
Las comunidades autónomas de Madrid y de Baleares son las únicas que han decidido mantener la bonificación del 100% sobre el patrimonio que estableció la ley de 2008.
De los 28 países miembros de la Unión Europea solo dos aplican este impuesto: Francia y España. Del resto de 21 Estados europeos que no pertenecen a la UE, solo Liechtenstein, Suiza y Noruega cuentan con un impuesto similar.
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