Bruselas exigirá un cargador universal para todos los móviles y dispositivos electrónicos
La Comisión Europea exigirá a todos los fabricantes de móviles y dispositivos electrónicos a establecer en sus productos un cargador único y universal, que permita a los usuarios reutilizar los suyos aunque cambien de dispositivo y, a la vez, reducir considerablemente los residuos electrónicos.
La propuesta de legislación, que tendrá que ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como el Consejo de la UE, propone establecer el conector USB-C como cargador universal para teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares o videoconsolas.
Desde Bruselas se lleva impulsando esta medida desde 2009, a base de acuerdos voluntarios con los fabricantes. De hecho, desde entonces se han reducido de treinta a tres los cargadores existentes en el mercado: el USB 2.0 Micro B, el USB-C y el Lightning, exclusivo de Apple. Pero ahora apuestan por reducirlos a uno solo.
La Comisión Europea propone además la venta por separado de los cargadores y los dispositivos electrónicos para de este modo aumentar la comodidad de los consumidores y reducir la huella ambiental que supone producir y eliminar cargadores. Se evitaría así que los usuarios acumularan diferentes cargadores, muchos de ellos inútiles, en los cajones sin saber si volverán a ser útiles o no.
Productos excluidos
La nueva normativa no incluirá productos como ordenadores portátiles, relojes inteligentes o los dispositivos que miden la actividad física por razones técnicas como su tamaño, y tampoco afectará a los cargadores sin cables de los dispositivos móviles.
Esta decisión de la UE para la comercialización de aparatos electrónicos no ha gustado en absoluto a Apple, que ha resultado la empresa más perjudicada, por cuanto sus productos necesitaban de un conector Lightning exclusivo de la marca. No obstante, Bruselas señala que Apple podrá seguir ofreciendo el tipo de conexión que ofrece ahora siempre que sus dispositivos incorporen también la conexión USB-C que se exigirá una vez que entre en vigor la nueva normativa.
Una vez que el Parlamento europeo apruebe la propuesta habrá un periodo de transición de dos años para que tanto los consumidores como la industria puedan adaptarse a los nuevos requisitos.
