DSA y DMA: las nuevas reglas de los servicios digitales en la UE
La Unión Europea ha marcado un hito en la regulación del entorno digital con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), dos normativas que buscan garantizar un espacio digital más seguro, transparente y competitivo pero, en paralelo, han agitado también alertas ante el posible control de la red por parte e los Estados y las amenazas a la libertad de expresión.
En España, estas leyes, plenamente aplicables desde 2024, están transformando la forma en que operan las plataformas digitales, desde redes sociales hasta marketplaces, con un impacto significativo en empresas, consumidores y autoridades locales.
En ‘Domestica tu Economía’ vamos a tratar de analizar las principales disposiciones de la DSA y la DMA, su implementación en España, y sus implicaciones para el sector digital en 2025, una cuestión jurídica algo árida pero vital conocer para las actividades profesionales en el área digital.
Contexto y objetivos de la DSA y la DMA
La DSA y la DMA, propuestas por la Comisión Europea en diciembre de 2020 y aprobadas en 2022, forman un marco regulatorio integral para abordar los desafíos de la economía digital.
La DSA se centra en la responsabilidad de los intermediarios digitales, como plataformas en línea, redes sociales y motores de búsqueda, para combatir contenidos ilícitos, desinformación y proteger los derechos fundamentales de los usuarios.
Por su parte, la DMA regula a las grandes plataformas digitales denominadas “guardianes de acceso”, como Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y ByteDance, para prevenir prácticas anticompetitivas y fomentar la innovación.
Ambas normativas buscan un mercado único digital más equitativo y seguro, reemplazando parcialmente la Directiva de Comercio Electrónico de 2000.
En España, estas leyes son supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que colabora con la Comisión Europea para garantizar su cumplimiento. Las regulaciones responden a preocupaciones globales, como el comercio de bienes ilegales, la desinformación y el dominio de grandes plataformas que limitan la competencia y las opciones de los consumidores.
Principales disposiciones de la DSA en España
La DSA establece obligaciones escalonadas según el tamaño y el impacto de las plataformas. Todos los servicios digitales deben cumplir con requisitos básicos, como designar un punto de contacto para autoridades y usuarios, informar sobre restricciones en sus términos de servicio y garantizar transparencia en sus actividades. Las plataformas en línea, como marketplaces, deben implementar mecanismos accesibles para denunciar contenidos ilícitos, mientras que las plataformas en línea muy grandes (VLOPs), con más de 45 millones de usuarios mensuales en la UE, enfrentan requisitos más estrictos, como auditorías anuales y medidas contra desinformación.
En 2025, plataformas como X, Temu, Pornhub y otras han sido designadas como VLOPs, enfrentando investigaciones por incumplimientos, como la falta de transparencia en publicidad en el caso de X.
En España, la CNMC supervisa el cumplimiento, pudiendo imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual global de una empresa por infracciones. Por ejemplo, la DSA prohíbe anuncios dirigidos a menores o basados en datos sensibles, como orientación sexual o creencias religiosas, complementando el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Además, los Coordinadores de Servicios Digitales nacionales, designados en cada Estado miembro, certifican organismos de resolución de disputas (ODS) para gestionar quejas de usuarios, un mecanismo que en España está operativo desde 2024.
Principales disposiciones de la DMA en España
La DMA se centra en los “guardianes de acceso”, plataformas con una posición dominante en el mercado digital, identificadas por criterios como una facturación anual en la UE superior a 7.500 millones de euros, una capitalización bursátil de al menos 75.000 millones de euros, y al menos 45 millones de usuarios mensuales activos. En 2023, la Comisión Europea designó a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft como guardianes, abarcando 22 servicios básicos de plataforma, como Google Search, WhatsApp y TikTok. En 2024, Booking.com se añadió a la lista.
La DMA impone obligaciones específicas, como permitir a los usuarios profesionales ofrecer servicios en condiciones equitativas y garantizar transparencia en la publicidad. Por ejemplo, los guardianes no pueden rastrear usuarios para publicidad personalizada sin consentimiento explícito. En España, la CNMC tiene facultades para investigar incumplimientos y cooperar con la Comisión Europea, pudiendo iniciar procedimientos basados en denuncias de usuarios o competidores. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar el 10% de los ingresos globales de la empresa, o el 20% en caso de reincidencia.
En España, la aplicación de la DSA y la DMA se ha fortalecido con el Real Decreto-Ley 5/2023, que modifica la Ley de Defensa de la Competencia para otorgar a la CNMC competencias específicas en la supervisión de la DMA.
La CNMC puede abrir investigaciones por posibles infracciones, utilizando información de terceros, y colabora con la Comisión Europea para garantizar un enfoque armonizado. Por ejemplo, en 2025, la CNMC está monitoreando el cumplimiento de Temu, investigada por la Comisión Europea por la venta de productos ilegales, un problema que afecta a los consumidores españoles.
Además, España ha avanzado en la certificación de organismos ODS, que permiten a los usuarios resolver disputas con plataformas de manera extrajudicial. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) complementa la DSA, asegurando que las plataformas respeten las normas de privacidad del RGPD, especialmente en publicidad dirigida.
Implicaciones para empresas y consumidores
Para las empresas, especialmente las pymes, la DMA ofrece oportunidades al reducir las prácticas anticompetitivas de los guardianes, permitiendo un acceso más equitativo al mercado digital. Por ejemplo, una startup española de comercio electrónico puede competir en mejores condiciones con Amazon al beneficiarse de reglas que prohíben a los guardianes priorizar sus propios servicios. Sin embargo, las grandes plataformas enfrentan mayores costos de cumplimiento, lo que ha generado críticas por parte de empresas como Google, que alegan falta de claridad en las regulaciones.
Los consumidores españoles se benefician de un entorno digital más seguro, con mecanismos de denuncia más accesibles y protección contra contenidos ilícitos. La DSA también fomenta la transparencia, obligando a las plataformas a informar sobre decisiones de moderación de contenido. Sin embargo, persisten desafíos, como la necesidad de equilibrar la libertad de expresión con la lucha contra la desinformación, un tema sensible tras los debates sobre la censura en la DSA
Desafíos y perspectivas en 2025
En 2025, España enfrenta el reto de armonizar estas regulaciones con iniciativas nacionales, evitando la fragmentación legislativa. La CNMC debe garantizar una supervisión efectiva sin imponer cargas excesivas a las empresas más pequeñas. Además, la cooperación con la Comisión Europea es crucial para abordar casos transfronterizos, como las investigaciones a X y Temu. La integración de tecnologías como la IA para detectar contenidos ilícitos y la implementación de sistemas de verificación de edad son tendencias clave que están moldeando el cumplimiento de la DSA
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