Todos los becarios deberán cotizar en la Seguridad Social cobren o no por las prácticas

Todos los becarios cuyas prácticas están tuteladas por las universidades deberán estar dados de alta en la Seguridad Social con independencia de si cobran o no. Esta es la nueva normativa aprobada por el Gobierno de España, que impone la cotización obligatoria de todos los becarios en prácticas.

Los becarios estarán de alta en la seguridad social cobren o noUna iniciativa legislativa que ha sorprendido a la comunidad académica y también a los sectores empresariales más afectados, ya que ha sido publicada en el BOE por sorpresa, pocos días antes de acabar el 2018, y sin previa consulta ni contacto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el Consejo de Rectores de las Universidades españolas.

Todas las partes, rectorados y asociaciones de alumnos, y también ciertos sectores empresariales, valoran positivamente el fondo de la normativa, ya que regula la inserción profesional de los estudiantes en el entramado empresarial, pero también manifiestan su preocupación, ya que el texto del Ejecutivo no aclara quién correrá con los costes de afiliación a la Seguridad Social, y no se sabe si finalmente ese gasto lo asumirá el centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios o la entidad contratante del becario.

Bonificación eliminada

Hasta la fecha, solo los alumnos que realizaban prácticas curriculares —dentro del plan de estudios, obligatorias y que computan como una asignatura más— y remuneradas deben estar dados de alta en la Seguridad Social. En estos casos el coste de contratar a un becario y darlo de alta corre a cuenta de la empresa, pero el Estado, en contraprestación, le otorgaba una bonificación del 100%. Pero a partir de ahora, el Gobierno decreta que todos los becarios que hagan prácticas —curriculares o extracurriculares, remuneradas o no— coticen, y además se elimina la bonificación, por lo que se encarecerá el coste.

Los rectores se han apresurado a manifestar que las universidades no tendrán capacidad económica para asumir esa obligación si finalmente se le exige a las instituciones académicas. Y por otro lado, temen que si son las empresas las que deban asumir el gasto, eso repercuta en la cantidad y calidad de los puestos ofertados para la realización de prácticas de los alumnos.

Desde el Ministerio aseguran que para concretar todos los aspectos normativos organizará reuniones con todos los actores de la comunidad universitaria para acabar de vertebrar la medida.

 

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