Los trabajadores autónomos que durante el estado de alarma, es decir, entre marzo y junio, no solicitaron el cese de actividad quedarán excluidos de las nuevas ayudas por este concepto, aunque en la actualidad se hallen a esta situación.
Una circunstancia que puede resultar dramática para muchos trabajadores por cuenta propia. Y es que aquellos que aguantaron la envestida de la primera ola de la pandemia, durante los meses de confinamiento, y consiguieron mantenerse a flote sin declarar el cese de actividad, han quedado ahora excluidos de cualquier ayuda pública para paliar dicha situación. Justo cuando más lo necesitan y aunque cumplan con todos los requisitos.
Así se les comunicó a todos cuantos solicitaron las ayudas en el embate de esta segunda ola del COVID 19, momento en que les fueron denegadas todas las modalidades de ayudas por cese de actividad. Algo que ocurrió aunque pudieran acreditar los requisitos necesarios, que eran la previsión en el cuarto trimestre de una caída en su facturación de más de un 75% respecto al mismo periodo del año anterior y unos rendimientos netos en los tres meses por debajo de los 5.818,75 euros.
El motivo de esta negativa es cuando menos extraño, pues han sido excluidos del cese de actividad por no haber cobrado antes las ayudas. Así rezaban las notificaciones de denegación que les enviaban sus mutuas: «por no haber percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad a 30 de junio de 2020». Curiosa situación, pues en vez de premiar a quienes hicieron el esfuerzo de aguantar sin solicitar ayudas e intentar sobrevivir de su trabajo, se les castiga por ello.
Incompatibilidad
También han quedado excluidos de las ayudas aquellos autónomos que durante el estado de alarma cobraron la prestación de maternidad o de paternidad. Ayudas incompatibles con el cobro por cese de actividad, según alegan ahora las instituciones competentes para sorpresa de os afectados.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), así como las demás organizaciones representativas del colectivo, ya han trasladado este problema a la Seguridad Social, y fuentes del Gobierno aseguran que están estudiando posibles soluciones. Cuándo llegarán es aún una incógnita.
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