Europa avala el “derecho al olvido” en Internet

El derecho al olvido en Internet es el que tienen las personas a que sus datos sean eliminados de la red cuando crean que la información que los contiene puede perjudicarle, o simplemente porque deseen que esos contenidos se «olviden» tras un determinado lapso de tiempo, ya que podrían dañar su imagen personal o laboral. Un derecho que se ha visto finalmente avalado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Se trata de un primer paso importante para lograr esa preservación de la intimidad en la globalidad de la red, y que podría empezar a aplicarse e implantarse progresivamente a partir del próximo mes de mayo. Una magnífica noticia para celebrar el pasado 6 de febrero el Día Internacional de Internet Seguro.

La regulación del derecho al olvido obligará a los responsables del tratamiento de la información en Internet a que corrijan, supriman o bloqueen datos incorrectos sobre las personas que así lo reclamen. Unas normas que deberán asumir también los motores de búsqueda como Google, ya que también se consideran responsables del tratamiento, y es a través de ellos por donde más fácil se puede acceder a las informaciones que el afectado considera privadas y no quiere que se difundan.

El usuario tiene derecho a controlar su privacidad en la red

¿A qué informaciones se refiere el derecho al olvido?

Esta reivindicación social surge como reacción frente a las nuevas tecnologías, especialmente para evitar que datos e informaciones referidas a nuestra persona puedan ser localizados fácilmente y de forma intemporal por cualquier usuario de la red. Un derecho de todo ciudadano, aunque se dé el caso frecuente de que dichas informaciones fueran suministradas en su momento por los propios afectados. De modo que, lo que se pretende, es remediar los errores cometidos en el pasado por excesos en la información que incorporamos voluntariamente a la red y que puede volverse contra nosotros e incluso condicionar nuestro futuro.

En otras muchas ocasiones, la información existente sobre nuestra persona es ajena a nuestra voluntad conteniéndose en la red una gran cantidad de datos suministrados por las Administraciones públicas relacionados con nuestra actividad pública y administrativa en un sentido amplio, y sobre los cuales también tenemos “derecho al olvido”. Es el caso, por ejemplo, de la publicación de multas, denuncias, desahucios, procesos judiciales o situaciones laborales o personales que hayan podido quedar obsoletas, pero que descontextualizadas en el tiempo den una imagen nuestra que no nos interesa que se haga pública.

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